Reforma de la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional
Articular un sistema de consecuencias ante la omisión del cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional, detallando el procedimiento a seguir en estos casos.
La Secretaría
Órgano político-técnico de la Fuerza del Pueblo para el sector justicia, con el mismo ámbito material que el Ministerio de Justicia de la República Dominicana.
Proponer. Desarrollar las propuestas de justicia del Programa de Gobierno 2024-2028 y convertirlas en documentos de política y anteproyectos normativos.
Vigilar. Observar el desempeño del sistema con datos verificables: mora judicial, presupuesto del sector, designaciones y cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Organizar. Estructurar la comunidad jurídica del partido en direcciones de base sectoriales, conforme al capítulo VII de la Línea Organizativa aprobada en el Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch.
Las materias que esta Secretaría atiende, equivalentes a las del Ministerio de Justicia.
Prevención del delito, régimen penitenciario, justicia restaurativa y reinserción social.
Justicia de paz, defensa pública, métodos alternos de resolución de conflictos y servicios al ciudadano.
Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y órganos del sistema, dentro del respeto a su independencia.
Adecuación de los códigos nacionales y las iniciativas legislativas del Programa de Gobierno.
Ética pública, régimen de declaraciones juradas, control social y persecución de la corrupción administrativa.
Asistencia judicial internacional, tratados y estándares interamericanos de derechos humanos.
Propuestas del capítulo Fortalecimiento del Estado de Derecho del Programa de Gobierno 2024-2028.
Articular un sistema de consecuencias ante la omisión del cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional, detallando el procedimiento a seguir en estos casos.
Creación de un cuerpo de jueces itinerantes asignados a los tribunales de mayor carga laboral para reducir la mora judicial, gestionado por el Consejo del Poder Judicial.
Atribuir al Consejo del Poder Judicial la responsabilidad de conducir y publicar estudios sobre la carga laboral de cada tribunal y el cumplimiento de los plazos procesales.
Establecer procedimientos sencillos y ágiles para la solución alternativa de conflictos, incluyendo la articulación legislativa de mecanismos de justicia restaurativa.
Elevar las competencias materiales de los Juzgados de Paz para determinados conflictos judiciales, acercando la justicia al ciudadano.
Promover la reforma que tipifique como delitos los beneficios económicos provenientes de operaciones en una entidad pública, el tráfico de influencias, la recepción ilegal de beneficios, la corrupción pasiva y las concesiones de ventajas a terceros.
Disponer mecanismos de inspección automáticos para comprobar la veracidad de las declaraciones juradas de bienes, sin necesidad de denuncia previa.
Articular un sistema nacional que canalice denuncias de corrupción de servidores públicos y de la ciudadanía, con garantías para los denunciantes.
Elevar la calidad técnica de la investigación en casos de corrupción incorporando un equipo multidisciplinario de expertos en finanzas corporativas, tributación, auditoría, bolsa de valores y mercados financieros.
Prohibir las contribuciones económicas de proveedores del Estado a los partidos políticos.
Obligar a los candidatos a cargos de elección popular a presentar declaraciones juradas.
Proposición al Congreso Nacional de las normas pendientes de aprobación de acuerdo con la Constitución del 26 de enero de 2010, entre ellas la adecuación del Código Penal, del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil.
La propuesta 30 enumera además otros proyectos de ley; aquí se citan los relativos a los códigos nacionales.
Proyecto de ley para la creación del sistema integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Literal incluido en el listado de normas pendientes de la propuesta 30.
Proyecto de ley orgánica sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social.
Literal incluido en el listado de normas pendientes de la propuesta 30.
Implementar un sistema nacional digital integrado que simplifique trámites y disminuya el tiempo de respuesta en la prestación de los servicios públicos.
Adoptar la inteligencia artificial y tecnologías emergentes para mejorar la eficacia y eficiencia del Estado, acercándose cada vez más al ciudadano.
Estructura propuesta, sujeta a aprobación de la Dirección de la Secretaría.
Seguimiento a la agenda constitucional y a la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Mora judicial, jueces itinerantes, carga laboral de tribunales y justicia restaurativa.
Transparencia, sistema de denuncias de corrupción y financiamiento político.
Formación jurídico-política de miembros y simpatizantes.
Monitoreo del sistema de justicia: normas, nombramientos, presupuesto e indicadores.
Plataforma digital, datos abiertos e inteligencia artificial.